Son independientes escorts demostración de cámara

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Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el sistema constitucional recursivo.

Parafraseando un voto de los Dres. Petracchi y Caballero podría decirse que de la calidad de Suprema que inviste la Corte Provincial no cabe deducir que posea una jurisdicción omnicomprensiva, que le permita avocarse al conocimiento de cualquier causa cuya solución no comparta. En esta línea de pensamiento, ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Bs. Respecto de la incongruencia que abre el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad, la Sala tiene dicho en numerosos precedentes, con cita de Diez Picazo que, cualquiera sea la teoría que se sustente, hay incongruencia cuando la desviación es de tal naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, pues la sentencia ha de ser dictada tras la existencia de un debate y de una contradicción y sólo en esos términos dialécticos es justo el proceso y justa la decisión que en él recae.

Analizaré separadamente los dos vicios denunciados. El presunto vicio de incongruencia. Es cierto que la demandada y su aseguradora se defendieron de cinco demandas exactamente iguales sólo se modificaba el nombre del actor ;en esas demandas, se mencionaban características particulares de la infortunada madre, y de la relación que la unía a sus hijos, pero no se diferenciaron particularidades entre los hijos reclamantes; también es verdad que ni en la demanda, ni en toda la prueba rendida hay dato alguno del que pueda derivarse que la demandada conocía la profesión del actor ni su "condición social, educación, edad y sensibilidad moral".

En cambio, desde el inicio de la demanda, existieron indicios graves, precisos y concordantes relativos a que la víctima subió en Santa Rosa, La Pampa, y que en esa ciudad vive el actor apelante; ninguno de esos hechos fue ajeno a la litis; en efecto, del poder otorgado por Humberto Valdivia surge que vive en Santa Rosa, La Pampa fs. Si ella vivía en Gral. Pero con independencia de esas motivaciones, tengo la certeza de que la valoración de estos hechos por parte del Tribunal de apelaciones no importó, en los términos antes descriptos, una " completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal".

En efecto, la liquidación del daño moral es un rubro dejado a la discrecionalidad no arbitraria de los Jueces de grado Ver, entre muchas sentencias de esta Sala las registradas en LS ; LS , etc. En el caso, cada uno de los cinco hijos reclamó daño moral por separado y describió en la demanda las terribles circunstancias en las que la madre murió calcinada dentro de un micro, por la actitud culpable del dependiente de la demandada ; insistió en las calidades humanas de la víctima y las especiales relaciones que la unían a sus hijos.

Tampoco este vicio se muestra con las características exigidas para abrir la instancia extraordinaria. Pero esto sería entrar en las "razones no declaradas" del Tribunal.

Por todo lo expuesto y si mi voto cuenta con la adhesión de mis distinguidos colegas de Sala, el recurso debe ser rechazado. Sobre la misma cuestión los Dres. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior. Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida Arts.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma.

Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. Imponer las costas a la recurrente vencida. Aída Kemelmajer de Carlucci, Dr. Fernando Romano y Dr. El razonamiento lejos de ser arbitrario es fundado y detallado, y la circunstancia de mencionar la clase social a la que pertenece, no puede llevar a declarar la arbitrariedad de la sentencia que menciona esa pauta entre una docena de otros indicadores.

Carece de fundamentación suficiente la sentencia que al disminuir el rubro daño moral fijado por el inferior, afirma que es una suma abultada y excesiva, sin expresar por qué. Mendoza, 28 de diciembre de Norberto Vélez, en el que era transportada la Srta.

El camión impactó al automóvil en el costado derecho, lugar donde se encuentra el asiento del acompañante. Relató que trabajaba como agente de ventas de una AFJP y que el día del accidente viajaba como acompañante del Sr. Norberto Vélez, empleado de la misma compañía. Reclamó los siguientes rubros: Argumentó que aunque siguió trabajando después del accidente e, incluso, ingresó a otras administradoras, posteriormente debió dejar de trabajar por los grandes dolores que sentía.

Citó jurisprudencia e invocó la edad 25 años , el cuadro depresivo originado a raíz del accidente, la disminución sexual que surge del informe del Dr. Invocó haber sido reina vendimial del Distrito Las Paredes, que presenta una renguera provocada por el acortamiento de una de sus piernas y que no puede recostarse hacia su costado derecho, no pudiendo hacer deportes, caminatas, bicicletas, etc.

Norberto Vélez, contestó la demanda, citó de garantía e impugnó los montos reclamados. Dada la índole de la afección padece Dice que la actora padece de "fractura de pelvis del lado derecho que le afecta la sínfisis pubiana y la articulación sacro ilíaca derecha con fractura de la rama íleo pubiana a la altura del cótilo.

Camina con pie derecho en rotación externa y tiene acortamiento del miembro inferior derecho de 5 cm. Obliteración parcial de sacro ilíaca derecha". De la actora fs. Reconoce que después del accidente continuó trabajando y que estuvo en reposo en varias oportunidades. Ha sido compañera de trabajo de la actora.

Declara que después del accidente la Srta. Celeste Casado comenzó a quejarse del dolor de cadera, no caminaba correctamente, se cansaba muchísimo y tenía que sentarse o descansar. Que después de prestar servicios en la Cia. No sabe si antes del accidente la Srta. Tampoco sabe si ha necesitado tratamiento con posterioridad; no sabe si la actora practicaba deportes pero sí que era una persona muy activa; desconoce que después del accidente la actora esté disminuida sexualmente.

Ha sido compañera de trabajo de Celeste Casado y Norberto Vélez. No sabe si la Srta. Casado cesó en su trabajo con Fecunda por renuncia voluntaria o si quedó desvinculada por baja producción.

Sabe que después trabajó en otra AFJP Consolidar ; conoce que después del accidente la actora se reintegró al trabajo y continuó en la tarea de promotora de ventas. Afirma que antes del accidente la actora era una persona muy activa, pero luego, de repente empezó a tener problemas en la cadera, la pierna y por eso se deprimió; lo sabe porque la actora se lo dijo y ha observado que después del accidente empezó a arrastrar la pierna para caminar. Ha sido compañera de trabajo de la actora y del Sr.

Casado hubiese intervenido en actividades deportivas. Han sido testigos presenciales del hecho, que atribuyen a culpa del conductor del Peugeot. Informa que al examen se constata dolor en cadera derecha, dolor a la percusión en L5, marcha irregular por caída del pie derecho disminución de la flexión. El examen de los estudios efectuados da positivo. Las radiografías de cadera y columna lumbosacra, que muestran escoliosis reactiva al dolor, moderada, leve disminución del espacio lumbar 5 y condensación aumento de densidad de la articulación sacroilíaca por posible sacroileitis.

Llega a la conclusión que la Srta. La pericia fue observada por la demandada a fs. Informa que la actora tiene un nivel intelectual que se corresponde con los criterios de normalidad, con similar rendimiento en el desempeño de funciones verbales y manipulativas.

Posee adecuada organización mental y planeamiento, agilidad para explorar nuevas soluciones, buena concentración y aptitud para la abstracción y conceptualización.

Responde con ansiedad encubierta ante situaciones nuevas. No se puede defender de sus conflictos". Considera que luego de aproximadamente tres años de haber sufrido el accidente la actora "no se ha podido recuperar para reinsertarse en el ambiente laboral, social y deportivo como consecuencia de sus limitaciones, lo cual la deprimen, con disminución de su estima e inseguridad de su futuro.

Apelaron todas las partes. Respecto de los daños y montos de condena, argumentó de la siguiente manera: Al proceder de esta manera se ha evitado el tópico de si el daño psíquico posee una categoría autónoma o si el mismo puede subsumirse en el daño moral o material, discusión que divide a la doctrina y a la jurisprudencia tal como se reseña en sentencia de la Suprema Corte de la Provincia publicada en J. A los fines de resarcir las secuelas físicas y síquicas que ha experimentado la víctima a raíz de este lamentable accidente deben tenerse en cuenta las siguientes pautas: Casado contaba con 23 años, era soltera, trabajaba en una AFJP y pertenecía a un hogar de clase media o media baja.

La médica siquiatra, Dra. Hay prueba suficiente que al momento de acaecer el accidente la damnificada era promotora de ventas de Fecunda AFJP. A partir de febrero de la víctima entró a trabajar en otra AFJP, cumpliendo la misma labor.

Tiempo después, en julio de comenzó a trabajar como asesora previsional en Previnter AFJP, renunciando al cargo en diciembre. Esta reseña de los distintos trabajos realizados por la víctima muestra el cumplimiento de idénticas funciones a las que efectuaba antes del choque y la continuidad laboral en su especialidad. La perito Martini informa que su actividad recreativa o social se encuentra disminuida respecto al nivel anterior, pero concurre a reuniones y bailes. La actora alegó encontrarse disminuida sexualmente; sin embargo tal manifestación fue expresada por la víctima al Dr.

Maure, quien la transcribió en su informe, pero el dato no surge del examen clínico efectuado por el nombrado facultativo ni de los distintos medios probatorios rendidos en la litis. Lorenzutti afirmó que la víctima realizó tratamiento sicológico con la Licenciada Compagnone. Martini relató en forma coincidente que la actora realizó un tratamiento "durante aproximadamente un año con el que reconoce que mejoró, pero lo abandonó porque creía que podía sola. Lorenzutti observó rasgos histéricos de personalidad.

Coincidió con la Dra. Martini que muestra rasgos previos de personalidad de características rígidas, inflexibles, temerosas, en cierto modo poco aceptadas. Como se ha expuesto la actora continuó trabajando no obstante su incapacidad.

No obstante, no puede desconocerse el hecho de que la incapacidad no ha impedido la reinserción productiva. Se coincide con la Dra. Aunque la víctima adujo que su renguera afectaba el rendimiento de su trabajo, en los meses posteriores al accidente obtuvo un mayor salario.

El recurrente afirma que la decisión recurrida es arbitraria. Indemnización por incapacidad parcial y permanente. La afirmación es arbitraria e implica no haber leído correctamente la demanda ni comprender el pedido del resarcimiento formulado.

Que ambos daños se reclamaran en forma conjunta no autoriza al Tribunal a disminuir la capacidad parcial y permanente para el trabajo por un mayor o menor porcentaje de daño psíquico, cuando debió sumarse un porcentaje por la incapacidad síquica. Luego, la sentencia comienza una manera mezquina e hiriente de tratar lo que ha sido probado en la causa. El Tribunal tiene por sentado que la actora "pertenecía a un hogar de clase media o clase baja"; no se entiende qué tiene que ver el origen social de la actora a los fines del resarcimiento, a menos que el juzgador entienda que el hecho de pertenecer a una familia de clase media o media baja genera menos derechos que quienes tienen la suerte de pertenecer a las clases altas o medias altas.

Se refiere luego a las dolencias físicas que presenta y analiza sólo parcialmente las pericias; olvida que el Dr. Abageanos dice que "el electromiograma de miembros inferiores muestra afección de raíces L5 bilateral y S1 derecha" y que la pericial del Dr. Martini, perito de la aseguradora, quien afirma que la actora aunque tiene disminuida su actividad recreativa y social, concurre a reuniones y bailes, como si por haber sufrido un accidente, la actora debiera recluirse en un colegio de monjas.

Afirma que conforme los informes del Dr. Maure y del Dr. Hay una total incongruencia en el tratamiento de la prueba y el criterio del Juez que toma como cierto un examen sicológico, sin prueba alguna, para resaltar que no obstante la incapacidad, la actora concurre a bailes, y al mismo tiempo niega la disminución sexual o la imposibilidad de tener relación sexual que informan los médicos en su pericia.

Que como consecuencia del accidente le ha quedado una renguera "porque ella observó que después del accidente empezó a arrastrar la pierna para caminar. En el caso, acreditado que la Srta. La renguera de la Srta. En mi opinión, respecto al rubro "incapacidad parcial y permanente; daño sicológico", el recurrente no ha logrado acreditar la existencia del grave vicio denunciado.

Al contrario, afirma que al haberse demandado de este modo, el Tribunal no tiene necesidad de ingresar en el difícil tópico de si debe ser analizado como un daño autónomo o formando parte del daño incapacidad. Luego, valora reiteradamente las secuelas psíquicas y siguiendo el modo de proponer la demanda, las incluye en el rubro incapacidad. En función de los datos de la causa, la sentencia de grado ha pasado cuidadosa revista a las distintas circunstancias que la jurisprudencia toma en cuenta a los efectos de la determinación del rubro daño material sufrido por lesiones a la integridad física y psíquica: Tampoco advierto una notoria o manifiesta minusvaloración de las pericias traumatológicas, que también se detallan.

Las secuelas o impacto del accidente en la vida de relación de la víctima son pautas aceptadas por la jurisprudencia, por lo que no se advierte absurdidad en su merituación.

Tampoco hay arbitrariedad manifiesta en afirmar que el cese del trabajo no tuvo por causa el accidente, pues aunque las testigos declaran que la víctima tenía dolores, que antes era activa y luego dejó de serlo, etc.

En cambio, en mi opinión, la sentencia recurrida carece de fundamentación suficiente respecto a la disminución del rubro daño moral.

Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde, admitir parcialmente el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. Las costas del recurso extraordinario de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de la recurrente por lo que se rechaza.

Hacer lugar parcialmente el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. La parte resolutiva de la sentencia queda modificada de la siguiente manera: Imponer las costas a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de la recurrente por lo que se rechaza.

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique regulación en las instancias de grado en función del nuevo monto de condena fijado en esta sede. Cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria. La absolución del acusado por la duda Art. La autoridad de la cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria, se limita a la verificación de la inexistencia del hecho principal en que se funda la acusación o la ausencia de autoría del demandado acerca de ese hecho, pero cuando no sólo no se discute la producción del accidente y la participación del demandado, sino que la absolución vino de la mano de la duda, prevista como presupuesto procesal de exculpación Art.

Mendoza, 5 de noviembre de Los antecedentes de este proceso nos informan que la Sra. Ambas relatan que el día 29 de julio de siendo aproximadamente las 10,20 hs. La demanda la entabló contra el conductor del colectivo y la empresa de transporte propietaria del mismo. Con posterioridad, a fs.

En primera instancia se encuadró el hecho en los supuestos de responsabilidad objetiva contenidos en el Art. No obstante ello, sólo se admitieron parcialmente los reclamos indemnizatorios, conforme a los fundamentos que lucen a fs.

Contra esta decisión apelan la sentencia los demandados, resolviendo la Alzada admitir el recurso, declarando la responsabilidad compartida en el accidente del conductor del colectivo y de la víctima y, en consecuencia, disminuyendo los montos de las indemnizaciones acordadas en el límite del porcentaje admitido.

Sostuvo la sentenciante que la absolución penal del imputado no impedía que se indagara la culpa del agente como fuente resarcitoria del daño. No obstante y en contrario, sostuvo que en las particularidades del caso, también la víctima había contribuido causalmente en la producción del hecho dañoso, al ingresar en forma sorpresiva a la calle lateral norte del Acceso Este, por una pasada clandestina.

En punto al agravio sostenido por los apelantes y referido a que los intereses por lucro cesante debían correr desde la fecha de la sentencia y no desde la fecha del accidente, los consideró improcedentes, desde que los intereses moratorios no se encontraban establecidos en el capital de condena.

Agregó en este punto que conforme al criterio de este Tribunal, correspondía aplicar los intereses de la Ley desde el evento dañoso hasta la sentencia de primera instancia y, a partir de ese momento, la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina. Contra esta decisión, los demandados interponen recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

Por el primero, fundan la queja constitucional en el supuesto del Art. En tal sentido entienden que la sentencia incurre en arbitrariedad al atribuir responsabilidad al conductor del colectivo. Que si perdió el dominio del colectivo, fue por la conducta temeraria e ilícita del ciclista que se coloca en situación de ser embestido. Sostiene que contrariamente a lo afirmado en la fundamentación del fallo, el chofer tomó todas las precauciones que las circunstancias de tiempo y lugar exigían y que, por tal razón, no puede atribuírsele ninguna culpa en el accidente.

Como segundo agravio el recurrente califica de arbitrario al fallo en la determinación de las sumas concedidas a las accionantes, en concepto de lucro cesante.

Que estos montos superan los perjuicios sufridos por las actoras los cuales fueron determinados en la sentencia de primera instancia y no habían sido objeto de impugnación. Se agravia también el recurrente por considerar que la indemnización otorgada por daño moral a la viuda resultaba improcedente, en tanto de las pruebas de autos surgía que los esposos se encontraban separados de hecho.

Respecto al recurso de Casación los demandados entienden que en el caso, se ha inaplicado e interpretado erróneamente el Art.

Civil, en los términos de los incisos l y 2 del Art. Que la prueba rendida, fue idéntica a la producida en la causa penal y que en su mérito se absolvió al conductor demandado. Por una cuestión de método, abordaré en primer lugar el tratamiento del recurso de Casación en el que se discute en definitiva, si la exculpación en sede penal obstaba la condena resarcitoria en sede civil.

Nuestro Código Civil, en sus Arts. A los fines de dirimir en el ocurrente si la absolución del imputado en sede penal por no mediar culpa o imprudencia de su parte impide o no la declaración de responsabilidad en sede civil a los efectos de la reparación del daño causado, resulta aleccionadora en el punto la opinión doctrinaria del Dr.

Alberto Spota el que, refiriéndose a los alcances del Art. Civil entiende que " Pero cuando ese hecho jurídico existe y promedia un adecuado nexo de causación entre él y la persona de que se trata, su responsabilidad civil puede ser alegada, no obstante que de ese hecho no derive una responsabilidad penal. El campo de aplicación del precepto del cual nos ocupamos, resulta limitado sólo cuando se decide que no existe un hecho jurídico y este hecho importe el "factum" de la norma civil aplicable para subsumir en ella un supuesto de responsabilidad extracontractual, cabe hablar de "res judicata" con efecto en lo penal y en lo civil v.

En todo otro supuesto queda abierta la discusión sobre si medió o no responsabilidad aquiliana o extracontractual La ley penal aprehende sin duda, la conducta humana y la aprecia a los efectos de determinar si promedia el dolo criminal o la culpa o negligencia, impericia o imprudencia que integra el supuesto de hecho de toda norma represiva: Aplicando este criterio a nuestro caso, es posible sostener que no asiste razón a los recurrentes en cuanto pretenden el rechazo de la demanda desde que, como bien lo sostuvo el Sr.

P, absolviendo al imputado por la duda. Cabe apuntar que la sentencia criticada para arribar a tal decisión, sostuvo que los principios de la responsabilidad penal son distintos de los de la civil y que nada obstaba a que se declarara responsable del daño causado a quien había sido absuelto en sede penal, si el sobreseimiento definitivo o la absolución no se fundó en la inexistencia del hecho sino en la ausencia de responsabilidad criminal del acusado.

Por consecuencia la absolución del acusado por la duda Art. Como lo resolviera este Tribunal con anterioridad in re "Buel Oscar en J Siendo así cabe adentrarnos en la consideración de la queja constitucional y con ello juzgar la imputación de arbitrariedad que se formula en contra del decisorio.

Agrega el quejoso que el criterio seguido por las instancias de grado había sido erróneamente aplicado, porque una mera verificación aritmética demostraba que en ambos casos esas cantidades producían una renta mensual igual al perjuicio verificado, pero en ninguno de los supuestos se operaba el consumo del capital como se había decidido.

Es en este punto que entiendo que asiste razón a los recurrentes. María Teresa Vargas Vda. Los recurrentes, mediante el presente recurso de Inconstitucionalidad se agravian también, por el reconocimiento que de los intereses por las sumas de daño moral se hace en el pronunciamiento criticado. En este aspecto al igual que con el agravio analizado precedentemente, corresponde admitir la queja desde que, de las constancias de autos surge de manera evidente, que el Tribunal se apartó de lo resuelto sobre el tema por el juez de primera instancia y que no fue objeto de agravio en el recurso de apelación.

Al respecto dijo la sentencia de primera instancia que: Tal determinación en general fue consentida en segunda instancia por las partes, cuestionando la apelante sólo los intereses fijados respecto al rubro lucro cesante, los que se establecieron desde la fecha del evento dañoso. Es evidente entonces que el fallo incurrió en un exceso al modificar lo que ya había quedado definitivamente establecido en la instancia anterior, por lo que corresponde también admitir este agravio en punto a la imposición de los intereses por daño moral y confirmando a su respecto, la resolución de primera instancia.

Salvo los aspectos antes apuntados, el agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia en razón de la atribución de responsabilidad efectuada al conductor del ómnibus, no puede prosperar. En efecto, sostiene la recurrente que la expresión utilizada por el Tribunal referida a que el conductor no tuvo el pleno dominio del mismo, nada dice en sí misma si no encuentra asidero en otros hechos probados en la causa. Otro tanto cabe concluir respecto al agravio referido a la indemnización concedida por daño moral a la viuda, alegando la improcedencia de la misma por el hecho de estar separada de hecho del difunto.

La sentenciante en este punto entendió que no existían en autos pruebas fehacientes que acreditaran la separación de hecho de la Sra. María Teresa Vargas de su marido al momento de la muerte de éste. Para arribar a tal conclusión valoró las pruebas existentes en la causa, concretamente las testimoniales de fs.

Desechó las testimoniales por considerar que las personas que declararon eran parientes de la madre del difunto, que eran muy generales y no precisaban fecha de la separación. En su mérito, nada hay de grosero, absurdo, que atente contra el orden constitucional o que se encuentre en contradicción con otras constancias objetivas de la causa que pudiera justificar la tacha de arbitrariedad alegada.

Tampoco ninguna de esas declaraciones hizo referencia concreta al tiempo de la supuesta separación de los esposos, circunstancias estas tenidas en cuenta expresamente por la sentenciante y que la llevaron a la convicción que tales testimonios no acreditaban el hecho a demostrar. Sin duda estos elementos, unidos al hecho de haberse pronunciado sobre la procedencia de la indemnización por el rubro lucro cesante de la viuda sin haberse discutido en este aspecto, convencieron al Tribunal de la procedencia del rubro por daño moral.

Por tanto y para el supuesto que mi criterio resulte compartido por mis colegas de Sala, corresponder rechazar el recurso de Casación deducido y hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad instaurado sólo en cuando a la reparación por lucro cesante e intereses por el daño moral.

Sobre la misma cuestión el Dr. Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde admitir parcialmente el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. En consecuencia corresponde disminuir el monto fijado en concepto de "lucro cesante" para la esposa de la víctima Sra.

En definitiva el monto total de condena para la Sra. Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. Las costas del recurso extraordinario de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de los recurrentes por lo que se rechaza.

Las costas del recurso de Casación se imponen a cargo de los recurrentes vencidos. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva. En consecuencia corresponde modificar los montos de condena fijados en los resolutivos "I.

María Teresa Vargas de Sconfienza en contra del Sr. Virginia Arboleda de Sconfienza en contra del Sr. Imponer las costas por el recurso de Inconstitucionalidad a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de los recurrentes por lo que se rechaza. Rechazar el recurso de Casación de fs. Imponer las costas por el recurso de Casación a cargo de los recurrentes vencidos. No resulta arbitrario, en principio, el uso comparativo de los precedente judiciales del propio tribunal y de los de otros que cumplen actividad jurisdiccional en la Provincia, siempre, obvio es, que los mismos guarden sustancial analogía con el caso concreto..

Mendoza, 14 de mayo de Fundó la nulidad en que el objeto estaba groseramente violado por lo inequitativo de la suma entregada; invocó también el vicio de lesión previsto en el Art.

En concepto de daños y perjuicios reclamó: Especificó que las lesiones sufridas consistían en: Ulteriormente, la demanda se amplió contra los titulares registrales del vehículo conducido por el Sr. La aseguradora y los propietarios del automotor se opusieron al progreso de la demanda y excepcionaron de pago.

En subsidio, impugnaron los daños reclamados. La pericia fue impugnada por la demandada fs. Sabe del pago hecho por la aseguradora. Respecto de los daños, razonó del siguiente modo: En definitiva, la sentencia es arbitraria por omitir prueba decisiva y por apartarse de las circunstancias del proceso. Omisión de prueba decisiva. El tribunal ha dejado de valorar en toda su magnitud la pericia médica traumatológica de fs.

Omite considerar las fotografías de fs. El tribunal remite a una sentencia suya anterior, sin advertir que al Sr. Apartamiento palmario de las circunstancias del proceso. En tal sentido el fallo carece de fundamentación suficiente. Otras razones de arbitrariedad. Esta Corte ha afirmado que la comparación con otros casos ayuda a disminuir la llamada lotería judicial.

El esquema lógico de la sentencia. Acoger la pretensión implicaba que el vicio era manifiesto, y por eso, no fue incorrecto calcular sin mayores especificaciones o detalles e, incluso, refiriéndose a casos similares resueltos por el tribunal. Ahora bien, en el sublite, la cuestión a resolver es si ese modo correcto de razonar para decidir si existió o no lesión, es suficiente para determinar concretamente los daños y perjuicios, y en su caso, si el resultado al que se llegó es manifiestamente irrazonable.

En el caso a resolver, el vicio denunciado incongruencia carece de todo apoyo en las constancias de la causa, pues como lo recuerda la recurrida, la aseguradora peticionó expresamente la aplicación de estas fórmulas al contestar la demanda ver fs.

La cuestión a resolver es si esas fórmulas han sido bien o mal empleadas. El uso de los precedentes. Me remito a las decisiones allí publicadas para la cita de doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión debatida. Por eso, en principio, no resulta arbitrario el uso comparativo de los precedentes judiciales del propio tribunal y de los otros que cumplen actividad jurisdiccional en la Provincia. Analizaré los agravios a la luz de las reglas procesales y sustanciales antes reseñadas, recordando que, en definitiva, las quejas del recurrente se limitan a los montos de condena, a los que ataca de arbitrariamente bajos.

El daño por incapacidad física. Ahora bien, en la crítica al uso de esa fórmula, el recurrente acierta parcialmente. Efectivamente, no es arbitrario, con el alcance antes indicado, el uso del salario mínimo, especialmente si se tiene en cuenta: En cambio, el tribunal no da absolutamente ninguna explicación sobre por qué calcula tomando como pauta 32 años y no 42 años que, como señala el recurrente, son los faltantes para obtener la jubilación; en otros términos, la sentencia no explicita por qué en el caso anterior utilizó la fórmula tomando como base la edad normal de la jubilación y en el caso a resolver se apartó de ella.

En este sentido, la sentencia adolece de falta de motivación y, en este aspecto, es arbitraria. Aclaro que no he podido detectar la inspección de visu que el recurrente marca en fs. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas desde la óptica de los jueces, Rev.

La pretensión del actor, desarrollada en esta instancia, acerca notoriamente ese peligro y el recurrente no explicita de qué modo no se produce esa superposición. Sin embargo, esa carencia no alcanza para anular el decisorio por el grave vicio de arbitrariedad de sentencia desde que: En consecuencia se eleva el monto fijado por incapacidad física en función de la corrección explicitada en el punto V.

Asimismo los honorarios de los profesionales intervinientes deben adecuarse al nuevo monto de condena fijado. Las costas del recurso de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de los demandados art. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,. I Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. En consecuencia corresponde modificar el dispositivo "II" exclusivamente en el monto de condena ; revocar las regulaciones de honorarios de los dispositivos "V", "VI", "VIII".

II Imponer las costas por el recurso de Inconstitucionalidad a cargo de los demandados. III Regular los honorarios Fernando Romano y Jorge H. No es arbitraria la sentencia que considera que si bien el caso fortuito no se encuentra mencionado como eximente de responsabilidad en el Art. Mendoza, 27 de setiembre de Los antecedentes de la causa nos informan que los Sres.

Eduardo Godoy y Silvana Codorniu, interpusieron demanda pretendiendo la reparación por los daños y perjuicios causados en un accidente, en el que resultara víctima fatal el menor Franco A.

Godoy, hijo de ambos. Al concluir la tarea, reinició la marcha en retroceso atropellando con la rueda trasera de su vehículo al menor, quien a raíz del impacto falleció en el hospital.

Apelaron dicha sentencia la actora, los demandados y la aseguradora. La Alzada, haciendo lugar a la apelación de los demandados, revoca la sentencia de primera instancia rechazando en todas sus partes la demanda articulada. Para ello encuadra el evento dañoso en la responsabilidad objetiva consagrada en el Art. Es contra esta resolución que los accionantes interponen el presente recurso extraordinario de Inconstitucionalidad. Surge como agravio relevante de la queja, la imputación de arbitrariedad del decisorio, con apoyo en la afirmación referida a que el sentenciante en las motivaciones, habría aludido o incorporado hechos, como es el que el menor tenía por costumbre circular por el lugar donde estacionaban vehículos y que no fueron objeto de prueba.

Y "que la eximente no figure en el referido Art. Couture en "Fundamentos de Derecho Procesal", aludido en la sentencia como justificación del extremo v.

Simplemente se relata un hecho evidente -como es el de la víctima, de transitar sin control por la zona donde estacionaban los rodados- como contribución a la formación del criterio lógico en su razonamiento, en tanto de no haberse encontrado en esa circunstancia, el accidente no se hubiera producido.

Al respecto el Magistrado preopinante infiere o presume, que ese hecho de la víctima " Es en ese temperamento, que el sentenciante considera que las constancias probatorias de la causa, merituando en tal sentido que la absolución de posiciones del demandado de fs.

De estas mismas constancias que se encuentran incorporadas a la causa y que no logran ser desvirtuadas por los accionantes, es que el sentenciante extrae que, si bien el demandado conocía la costumbre del menor de acercarse a los caños de escape, "el conductor cumplió con la obligación que le imponía ese conocimiento al hacer verificar por su acompañante declaración de fs.

Este hecho tampoco ha sido rebatido por la quejosa. Esta forma del impacto incluso, fue admitida por los actores como expresamente lo consigna la sentenciante, tomando en cuenta la forma en que fue impactado y que se describe en la necropsia del expediente penal fs.

Esta conclusión, resulta de la posición adoptada por cada parte, frente a los hechos que a cada una correspondía probar en la causa, para que el Juez pueda disponer del presupuesto que define el conflicto y que se encuentra contemplado en la normativa que aplica.

No se trata de negar o desvirtuar la evidencia, sino de la demostración de lo que cada parte tiene interés en que se pruebe, para no resultar perjudicada por la decisión. Procurador General en su dictamen, el fallo no se apartó de la pretensión ni de los hechos en que la misma se funda; tampoco se ha valorado de manera absurda o ilógica la prueba rendida en la causa, por lo que no puede tacharse de arbitraria la resolución recurrida.

Por las razones expuestas y para el caso que mi opinión resulte compartida por mis distinguidos colegas de Sala, entiendo que no corresponde hacer lugar al recurso intentado. Voto así por la negativa por esta primera cuestión. Imponer las costas a la parte recurrente vencida Arts. Aída Kemelmajer de Carlucci. Prioridad del vehículo que aparece por la derecha. La excepción a la prioridad derecha no admite ser aplicada como enervante de la regla general. La regla de prioridad de quien circula por la derecha, no puede significar un bill de indemnidad que le permita arrasar con lo que encuentre a su paso.

Por sobre ello es exigible la regla general de prudencia que impone de determinadas conductas vivenciadas por ciertas limitaciones como en la velocidad o de una diligencia concreta en la conducción, especialmente referidas a las circunstancias de tiempo y lugar.

Mendoza 28 de diciembre de Los antecedentes de la causa nos informan que la Sra. Relata que el día 5 de setiembre de , aproximadamente a las 22 hs. Los demandados al contestar demanda, imputan culpa a la actora en razón de no haber respetado la prioridad de paso que ostentaba la camioneta conducida por el Sr. Eduardo Luis Gramage, reconviniendo a su vez el Sr.

Concluyó que el hecho era objetiva y subjetivamente imputable al conductor demandado. Contra esta sentencia, los demandados interponen los mencionados recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación. Como fundamento del primero, invocan la arbitrariedad de la sentencia, por apartarse del derecho y de los hechos alegados y probados en la causa.

En ese aspecto sostiene la inconstitucionalidad del decisorio por resultar violatorio de su derecho de defensa. Entiende que la litis se trabó teniendo en cuenta que la actora circulaba por calle Saavedra y que la demandada lo hacía por su derecha, es decir por calle Pedernera.

Que tal circunstancia, si bien fue reconocida por la sentenciante, se apartó de ella para basarse en una apreciación subjetiva del perito, como es la mayor circulación de calle Saavedra. Agrega que de la misma pericia surge que ambas arterias son iguales, que ambas poseen el mismo ancho, son pavimentadas y no existe reglamentación alguna que establezca la mayor jerarquía de calle Saavedra. Respecto del recurso de Casación, lo funda en el Art.

El primero en cuanto establece la prioridad de paso absoluta de quien circula por la derecha y el segundo que prohíbe el uso de vidrios polarizados y el tercero que prohíbe viajar con menores de 12 años en el asiento delantero. Al contestar las quejas de tal modo deducidas, la actora reitera sus argumentos respecto a la condición de embestidor del conductor de la camioneta, sosteniendo que la prioridad en estos casos es de quien ingresa primero en la encrucijada, remarcando la excesiva velocidad con la que circulaba el demandado.

Las expuestas, son sintéticamente reseñadas, las razones por las que el recurrente intenta y la recurrida resiste la nulidad o revocatoria del decisorio dictado en grado de apelación en el que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, condena a los demandados a la reparación de los perjuicios producidos en el siniestro que ilustran estas actuaciones. Es claro a mi entender que para arribar a dicha conclusión el fallo cuestionado, ha debido priorizar la excepción a la regla.

La misma norma en forma expresa dispone que " Esta prioridad es absoluta Los que circulan por una vía de mayor jerarquía Consecuente con este criterio, superado en la actualidad por norma expresa, se había construido y elevado a categoría de principio "iuris tantum", la presunción de culpabilidad del conductor que con su vehículo embiste a otro.

Estas consideraciones se encuentran encaminadas a dejar ver que en el ocurrente, el pronunciamiento criticado ha valorado estas circunstancias, priorizando la excepción por sobre la regla. Si bien es verdad que no sólo por la existencia de la excepción del apartado 4 del inc.

En lo particular de nuestro caso, se advierte que no existen elementos suficientes que permitan atribuir indubitablemente mayor jerarquía a calle Saavedra por sobre Pedernera. Es claro a mi entender que las reglas de circulación vial para cumplir el fin para el que se encuentran dispuestas, deben estar claramente establecidas sea en la reglamentación, sea en la señalización o mediante una eficiente concientización por la educación, para que los conductores sepan exactamente cual es su status, en un lugar y momento determinado.

Todas estas razones me convencen que en el ocurrente, no existían elementos que permitieran neutralizar o apartarse de la aplicación de la normativa contenida en el Art.

Ahora bien, establecido en el caso que se mantenía la prioridad de paso del conductor demandado, corresponde determinar si esta causal lo libera totalmente de responsabilidad en el hecho.

Como antes se previniera, la rigidez de este principio ha sido atemperado jurisprudencialmente, atendiéndose a las circunstancias del caso, habiendo sostenido que la regla de prioridad de quien circula por la derecha, no puede significar un bill de indemnidad que le permita arrasar con lo que encuentre a su paso.

En el caso, es de evidencia que el demandado Gramage, no circulaba a una velocidad reglamentaria o acorde a las circunstancias de lugar. Ello surge de la pericia rendida fs. Todo ello fue confirmado por el perito fs. Como queda admitido, el Art. En tal sentido entiendo que el demandado contribuyó también con su accionar en la causación del accidente y debe responder de sus consecuencias.

En cuanto al accionar de la actora, estimo que también contribuyó a la producción del accidente al no respetar la prioridad de paso de la camioneta que circulaba a su derecha. En tal sentido entiendo que la afirmación que hace la actora al absolver posiciones a fs. En efecto, es claro que si la actora contaba con un adelantamiento y no obstante la colisión igualmente se produjo es porque existió simultaneidad o el adelantamiento no era notorio o considerable para determinar alguna prioridad.

Es claro que si ambos vehículos llegaron casi juntos al cruce y la colisión se produjo es porque la actora no frenó como lo afirma, cediendo el paso a la camioneta que venía por calle Pedernera. En tales condiciones, se impone el rechazo del agravio expresado.

Así voto por la primera cuestión. Atento al modo en que se resuelve la cuestión anterior, corresponde determinar en este momento, el grado de responsabilidad que debe atribuirse a cada uno de los protagonistas. En tal sentido considero apropiado conforme a las circunstancias de tiempo y lugar, atribuir culpa concurrente a ambos conductores, determinando que ambos conductores contribuyeron en un grado equivalente a la causación de los daños, en virtud de no advertir razón alguna que justifique una posible discriminación.

Respecto a los montos indemnizatorios reclamados por la actora, atento que los mismos fueron objeto de pronunciamiento expreso en las instancias anteriores y no han sido cuestionados en esta vía, han quedado firmes y consentidos por las partes. Atento a la solución propuesta en el tratamiento de la primera cuestión, corresponde en este estado emitir pronunciamiento sobre los rubros reclamados por el co-demandado Evaristo Gramage en el planteo reconvencional.

De otro lado, el demandado no ha acreditado que los mismos no hayan sido consecuencia del accidente, ni se correspondan con el impacto sufrido. En este aspecto, entiendo que no asiste razón alguna para apartarse de lo cuantificado en el informe pericial como correspondiente a los daños sufridos por la camioneta y que en el punto no ha sido impugnado. En virtud de lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos y por ende, resolviendo en definitiva, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada reconviniente, imponiendo las costas por lo que prospera y por lo que no prospera el recurso a la parte actora y a la demandada reconviniente respectivamente y rechazar la adhesión efectuada por la actora, con costas a su cargo.

Así voto por la segunda cuestión. Atento lo resuelto en las cuestiones que anteceden corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrida en la proporción en que prosperan los recursos extraordinarios interpuestos y a la parte recurrente en la proporción en que los mismos son rechazados.

Así voto por la tercera cuestión. Hacer lugar parcialmente a los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación deducidos a fs. En consecuencia la parte resolutiva de la sentencia queda redactada de la siguiente manera: Las costas por el recurso de adhesión de la actora se imponen a su cargo. Imponer las costas a cargo de la actora recurrida por lo que prosperan los recursos y a cargo de los demandados recurrentes por lo que se rechazan.

Fernando Romano, Carlos E. Mendoza, 3 de diciembre de Que ambos vehículos circulaban por calle Godoy Cruz con dirección al Este y el accidente se produce cuando el conductor del auto intenta girar al Norte por calle Colón.

Como consecuencia del impacto la camioneta salió despedida hacia la vereda donde se encontraba el accionante y, al ser atropellado, le produce las lesiones cuyo resarcimiento reclama. Demandó a los conductores, así como a los propietarios de ambos rodados.

Apelaron la sentencia la demandada, la actora y la citada en garantía. Al modificar el decisorio original, la sentenciante considera en sustancia, que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor del automotor Dodge, porque no respetó el disco PARE y embistió a la camioneta modificando su recorrido. Sostuvo que la velocidad de circulación de la camioneta no había tenido incidencia concausal. Que la velocidad de la camioneta, la maniobra elusiva y el consiguiente desvío de la circulación inicial, eran circunstancias concurrentes derivadas de la culpa del otro conductor y que no habían tenido aptitud para producir el daño inicial.

Contra este pronunciamiento, el accionante interpone recurso extraordinario de Inconstitucionalidad de conformidad con el Art. Agrega que la eximente invocada por el demandado respecto a la culpa de un tercero, no ha logrado desplazar totalmente la responsabilidad atribuida al dueño del otro vehículo, ya que para llegar a tal resultado, debió haberse probado que la cosa de su propiedad actuó como objeto inerte desplazado por la actividad del tercero.

Ello así en razón que la solución a la que arriba el Tribunal de Alzada, no se acomoda a un razonamiento lógico de conformidad a las constancias probatorias de la causa. Surge también que el conductor del auto no respetó la señal de disco "Pare" existente en el lateral Este de calle José de Artigas equivocadamente considerada como Lucio Mansilla por el croquis policial de fs. Si bien estos elementos fueron correctamente valorados por la Alzada, no sucede lo mismo con el mérito de las pruebas que el recurrente dice omitidas y de haber sido consideradas en concordancia con aquéllas, hubiesen motivado una solución distinta a la arribada.

En este aspecto, surge de la pericial rendida en la causa, que la colisión en sí de ambos rodados fue de escasa importancia y sin mayor gravitación en la producción de los daños. Que por el contrario, es la excesiva velocidad impresa a la camioneta F , sumado a que " Es en base a tales elementos de convicción que juzgamos el accionar del co-demandado Pérez Flores, el que se nos presenta con una incidencia directa en la producción del daño causado y resultante del hecho de haber conducido sin el pleno dominio de su rodado, así como el hacerlo a una velocidad no reglamentaria en una arteria de gran afluencia vehicular como lo es la calle Godoy Cruz del departamento de Guaymallén.

En este aspecto, como bien lo sostuvo el Sr. Juez de primera instancia la maniobra efectuada se pudo evitar si el codemandado hubiese circulado a una velocidad precaucional atendiendo a la existencia de dos desembocaduras de calles Artigas y Colón , en plena zona urbana y por una arteria sumamente transitada en ese horario.

De otro lado, este codemandado como productor directo de los daños ocasionados a terceros, no logra acreditar la eximente prevista en el Art.

Civil, es decir, la culpa exclusiva de un tercero sindicado en la norma. Conforme a esa normativa, " Como se dijo, para que opere la eximente es necesario que el demandado acredite que el hecho reconoció su causa exclusivamente en la culpa del tercero, por quien no debe responder, de tal manera que la conducción del primero, haya carecido de toda incidencia causal conforme Héctor N.

En el sublite como queda dicho, el demandado Pérez Flores no ha logrado acreditar que la responsabilidad total del accidente sea del otro co-demandado, surgiendo de las constancias probatorias existentes en la causa que contribuyó con su accionar en la producción del hecho, al conducir a una velocidad antirreglamentaria, no frenar y realizar una maniobra elusiva que lo llevó a circular en contramano, atropellar al actor y finalmente impactar contra un auto estacionado.

Es evidente entonces, que todas estas consecuencias no pudieron resultar solamente del impacto de los dos vehículos el que fue de escasa importancia o no violento como lo expresa el Perito actuante y lo confirma el acta policial en la que se dejan constancia de los daños de ambos rodados. De todo ello extraigo que resulta correcta la apreciación del juez de primera instancia, en cuanto concluye que ambos conductores resultan responsables en la misma proporción del daño causado al actor.

Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. En consecuencia se mantiene la resolución dictada por el Sr. Juez a-quo a fs. Asimismo corresponde modificar los honorarios exclusivamente en lo atinente a los profesionales del codemandado Pérez Flores y la citada en garantía en función de lo resuelto en esta sentencia.

Las costas del recurso de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de los recurridos vencidos Art. I Hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. Hacer lugar parcialmente a los recursos de fs. Imponer las costas del recurso de Inconstitucionalidad a cargo de la parte recurrida vencida.

Moyano y Aída Kemelmajer de Carlucci. Indemnización pérdida de chance. Indemnización Acumulación de acciones "iure propio" y "iure hereditatis". Mendoza, 19 de mayo de Los antecedentes de la causa nos informan que la Srta. Relata que al momento del accidente, viajaba en el automotor de su propiedad, conducido en la emergencia por su novio, quien circulaba por calle Paso de los Andes con dirección de Sur a Norte, y al llegar a la intersección con Juan B.

Que a consecuencia del accidente sufrió lesiones de consideración que motivaron su internación por un lapso de 40 días.

En este aspecto, la pretensión queda definida a los rubros remanentes y que se individualizan como: Contra esta resolución apelaron el demandado, la aseguradora y los profesionales de la actora por sus honorarios.

Respecto del primero, el recurso se declara desierto por resolución de fs. Elena Silvia Chaine Vda. Que también se encuentra fuera de controversia, las lesiones provocadas por el accidente a la Srta. Que respecto al rubro privación de uso del automotor, cuya procedencia fue discutida por la recurrente, la queja no resulta acogible desde que no se rebaten los argumentos vertidos por la sentenciante para acordarlo, tales como la imposibilidad del uso del automotor conforme a su destino, el tiempo de reparación, el tiempo que transcurrió entre que la víctima fue dada de alta, hasta su fallecimiento y la necesidad de ésta de contar con un medio de movilidad.

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Por el primero, fundan la queja constitucional en el supuesto del Art. En tal sentido entienden que la sentencia incurre en arbitrariedad al atribuir responsabilidad al conductor del colectivo. Que si perdió el dominio del colectivo, fue por la conducta temeraria e ilícita del ciclista que se coloca en situación de ser embestido. Sostiene que contrariamente a lo afirmado en la fundamentación del fallo, el chofer tomó todas las precauciones que las circunstancias de tiempo y lugar exigían y que, por tal razón, no puede atribuírsele ninguna culpa en el accidente.

Como segundo agravio el recurrente califica de arbitrario al fallo en la determinación de las sumas concedidas a las accionantes, en concepto de lucro cesante.

Que estos montos superan los perjuicios sufridos por las actoras los cuales fueron determinados en la sentencia de primera instancia y no habían sido objeto de impugnación. Se agravia también el recurrente por considerar que la indemnización otorgada por daño moral a la viuda resultaba improcedente, en tanto de las pruebas de autos surgía que los esposos se encontraban separados de hecho. Respecto al recurso de Casación los demandados entienden que en el caso, se ha inaplicado e interpretado erróneamente el Art.

Civil, en los términos de los incisos l y 2 del Art. Que la prueba rendida, fue idéntica a la producida en la causa penal y que en su mérito se absolvió al conductor demandado. Por una cuestión de método, abordaré en primer lugar el tratamiento del recurso de Casación en el que se discute en definitiva, si la exculpación en sede penal obstaba la condena resarcitoria en sede civil.

Nuestro Código Civil, en sus Arts. A los fines de dirimir en el ocurrente si la absolución del imputado en sede penal por no mediar culpa o imprudencia de su parte impide o no la declaración de responsabilidad en sede civil a los efectos de la reparación del daño causado, resulta aleccionadora en el punto la opinión doctrinaria del Dr. Alberto Spota el que, refiriéndose a los alcances del Art.

Civil entiende que " Pero cuando ese hecho jurídico existe y promedia un adecuado nexo de causación entre él y la persona de que se trata, su responsabilidad civil puede ser alegada, no obstante que de ese hecho no derive una responsabilidad penal.

El campo de aplicación del precepto del cual nos ocupamos, resulta limitado sólo cuando se decide que no existe un hecho jurídico y este hecho importe el "factum" de la norma civil aplicable para subsumir en ella un supuesto de responsabilidad extracontractual, cabe hablar de "res judicata" con efecto en lo penal y en lo civil v.

En todo otro supuesto queda abierta la discusión sobre si medió o no responsabilidad aquiliana o extracontractual La ley penal aprehende sin duda, la conducta humana y la aprecia a los efectos de determinar si promedia el dolo criminal o la culpa o negligencia, impericia o imprudencia que integra el supuesto de hecho de toda norma represiva: Aplicando este criterio a nuestro caso, es posible sostener que no asiste razón a los recurrentes en cuanto pretenden el rechazo de la demanda desde que, como bien lo sostuvo el Sr.

P, absolviendo al imputado por la duda. Cabe apuntar que la sentencia criticada para arribar a tal decisión, sostuvo que los principios de la responsabilidad penal son distintos de los de la civil y que nada obstaba a que se declarara responsable del daño causado a quien había sido absuelto en sede penal, si el sobreseimiento definitivo o la absolución no se fundó en la inexistencia del hecho sino en la ausencia de responsabilidad criminal del acusado.

Por consecuencia la absolución del acusado por la duda Art. Como lo resolviera este Tribunal con anterioridad in re "Buel Oscar en J Siendo así cabe adentrarnos en la consideración de la queja constitucional y con ello juzgar la imputación de arbitrariedad que se formula en contra del decisorio. Agrega el quejoso que el criterio seguido por las instancias de grado había sido erróneamente aplicado, porque una mera verificación aritmética demostraba que en ambos casos esas cantidades producían una renta mensual igual al perjuicio verificado, pero en ninguno de los supuestos se operaba el consumo del capital como se había decidido.

Es en este punto que entiendo que asiste razón a los recurrentes. María Teresa Vargas Vda. Los recurrentes, mediante el presente recurso de Inconstitucionalidad se agravian también, por el reconocimiento que de los intereses por las sumas de daño moral se hace en el pronunciamiento criticado.

En este aspecto al igual que con el agravio analizado precedentemente, corresponde admitir la queja desde que, de las constancias de autos surge de manera evidente, que el Tribunal se apartó de lo resuelto sobre el tema por el juez de primera instancia y que no fue objeto de agravio en el recurso de apelación.

Al respecto dijo la sentencia de primera instancia que: Tal determinación en general fue consentida en segunda instancia por las partes, cuestionando la apelante sólo los intereses fijados respecto al rubro lucro cesante, los que se establecieron desde la fecha del evento dañoso. Es evidente entonces que el fallo incurrió en un exceso al modificar lo que ya había quedado definitivamente establecido en la instancia anterior, por lo que corresponde también admitir este agravio en punto a la imposición de los intereses por daño moral y confirmando a su respecto, la resolución de primera instancia.

Salvo los aspectos antes apuntados, el agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia en razón de la atribución de responsabilidad efectuada al conductor del ómnibus, no puede prosperar. En efecto, sostiene la recurrente que la expresión utilizada por el Tribunal referida a que el conductor no tuvo el pleno dominio del mismo, nada dice en sí misma si no encuentra asidero en otros hechos probados en la causa.

Otro tanto cabe concluir respecto al agravio referido a la indemnización concedida por daño moral a la viuda, alegando la improcedencia de la misma por el hecho de estar separada de hecho del difunto.

La sentenciante en este punto entendió que no existían en autos pruebas fehacientes que acreditaran la separación de hecho de la Sra. María Teresa Vargas de su marido al momento de la muerte de éste. Para arribar a tal conclusión valoró las pruebas existentes en la causa, concretamente las testimoniales de fs.

Desechó las testimoniales por considerar que las personas que declararon eran parientes de la madre del difunto, que eran muy generales y no precisaban fecha de la separación.

En su mérito, nada hay de grosero, absurdo, que atente contra el orden constitucional o que se encuentre en contradicción con otras constancias objetivas de la causa que pudiera justificar la tacha de arbitrariedad alegada.

Tampoco ninguna de esas declaraciones hizo referencia concreta al tiempo de la supuesta separación de los esposos, circunstancias estas tenidas en cuenta expresamente por la sentenciante y que la llevaron a la convicción que tales testimonios no acreditaban el hecho a demostrar. Sin duda estos elementos, unidos al hecho de haberse pronunciado sobre la procedencia de la indemnización por el rubro lucro cesante de la viuda sin haberse discutido en este aspecto, convencieron al Tribunal de la procedencia del rubro por daño moral.

Por tanto y para el supuesto que mi criterio resulte compartido por mis colegas de Sala, corresponder rechazar el recurso de Casación deducido y hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad instaurado sólo en cuando a la reparación por lucro cesante e intereses por el daño moral.

Sobre la misma cuestión el Dr. Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde admitir parcialmente el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs.

En consecuencia corresponde disminuir el monto fijado en concepto de "lucro cesante" para la esposa de la víctima Sra. En definitiva el monto total de condena para la Sra. Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. Las costas del recurso extraordinario de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de los recurrentes por lo que se rechaza. Las costas del recurso de Casación se imponen a cargo de los recurrentes vencidos.

Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva. En consecuencia corresponde modificar los montos de condena fijados en los resolutivos "I. María Teresa Vargas de Sconfienza en contra del Sr. Virginia Arboleda de Sconfienza en contra del Sr. Imponer las costas por el recurso de Inconstitucionalidad a cargo de la recurrida por lo que prospera el recurso y a cargo de los recurrentes por lo que se rechaza.

Rechazar el recurso de Casación de fs. Imponer las costas por el recurso de Casación a cargo de los recurrentes vencidos. No resulta arbitrario, en principio, el uso comparativo de los precedente judiciales del propio tribunal y de los de otros que cumplen actividad jurisdiccional en la Provincia, siempre, obvio es, que los mismos guarden sustancial analogía con el caso concreto.. Mendoza, 14 de mayo de Fundó la nulidad en que el objeto estaba groseramente violado por lo inequitativo de la suma entregada; invocó también el vicio de lesión previsto en el Art.

En concepto de daños y perjuicios reclamó: Especificó que las lesiones sufridas consistían en: Ulteriormente, la demanda se amplió contra los titulares registrales del vehículo conducido por el Sr.

La aseguradora y los propietarios del automotor se opusieron al progreso de la demanda y excepcionaron de pago. En subsidio, impugnaron los daños reclamados. La pericia fue impugnada por la demandada fs. Sabe del pago hecho por la aseguradora. Respecto de los daños, razonó del siguiente modo: En definitiva, la sentencia es arbitraria por omitir prueba decisiva y por apartarse de las circunstancias del proceso.

Omisión de prueba decisiva. El tribunal ha dejado de valorar en toda su magnitud la pericia médica traumatológica de fs. Omite considerar las fotografías de fs. El tribunal remite a una sentencia suya anterior, sin advertir que al Sr. Apartamiento palmario de las circunstancias del proceso. En tal sentido el fallo carece de fundamentación suficiente. Otras razones de arbitrariedad. Esta Corte ha afirmado que la comparación con otros casos ayuda a disminuir la llamada lotería judicial.

El esquema lógico de la sentencia. Acoger la pretensión implicaba que el vicio era manifiesto, y por eso, no fue incorrecto calcular sin mayores especificaciones o detalles e, incluso, refiriéndose a casos similares resueltos por el tribunal. Ahora bien, en el sublite, la cuestión a resolver es si ese modo correcto de razonar para decidir si existió o no lesión, es suficiente para determinar concretamente los daños y perjuicios, y en su caso, si el resultado al que se llegó es manifiestamente irrazonable.

En el caso a resolver, el vicio denunciado incongruencia carece de todo apoyo en las constancias de la causa, pues como lo recuerda la recurrida, la aseguradora peticionó expresamente la aplicación de estas fórmulas al contestar la demanda ver fs. La cuestión a resolver es si esas fórmulas han sido bien o mal empleadas.

El uso de los precedentes. Me remito a las decisiones allí publicadas para la cita de doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión debatida. Por eso, en principio, no resulta arbitrario el uso comparativo de los precedentes judiciales del propio tribunal y de los otros que cumplen actividad jurisdiccional en la Provincia. Analizaré los agravios a la luz de las reglas procesales y sustanciales antes reseñadas, recordando que, en definitiva, las quejas del recurrente se limitan a los montos de condena, a los que ataca de arbitrariamente bajos.

El daño por incapacidad física. Ahora bien, en la crítica al uso de esa fórmula, el recurrente acierta parcialmente. Efectivamente, no es arbitrario, con el alcance antes indicado, el uso del salario mínimo, especialmente si se tiene en cuenta: En cambio, el tribunal no da absolutamente ninguna explicación sobre por qué calcula tomando como pauta 32 años y no 42 años que, como señala el recurrente, son los faltantes para obtener la jubilación; en otros términos, la sentencia no explicita por qué en el caso anterior utilizó la fórmula tomando como base la edad normal de la jubilación y en el caso a resolver se apartó de ella.

En este sentido, la sentencia adolece de falta de motivación y, en este aspecto, es arbitraria. Aclaro que no he podido detectar la inspección de visu que el recurrente marca en fs. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas desde la óptica de los jueces, Rev.

La pretensión del actor, desarrollada en esta instancia, acerca notoriamente ese peligro y el recurrente no explicita de qué modo no se produce esa superposición. Sin embargo, esa carencia no alcanza para anular el decisorio por el grave vicio de arbitrariedad de sentencia desde que: En consecuencia se eleva el monto fijado por incapacidad física en función de la corrección explicitada en el punto V. Asimismo los honorarios de los profesionales intervinientes deben adecuarse al nuevo monto de condena fijado.

Las costas del recurso de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de los demandados art. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,. I Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. En consecuencia corresponde modificar el dispositivo "II" exclusivamente en el monto de condena ; revocar las regulaciones de honorarios de los dispositivos "V", "VI", "VIII".

II Imponer las costas por el recurso de Inconstitucionalidad a cargo de los demandados. III Regular los honorarios Fernando Romano y Jorge H. No es arbitraria la sentencia que considera que si bien el caso fortuito no se encuentra mencionado como eximente de responsabilidad en el Art.

Mendoza, 27 de setiembre de Los antecedentes de la causa nos informan que los Sres. Eduardo Godoy y Silvana Codorniu, interpusieron demanda pretendiendo la reparación por los daños y perjuicios causados en un accidente, en el que resultara víctima fatal el menor Franco A. Godoy, hijo de ambos. Al concluir la tarea, reinició la marcha en retroceso atropellando con la rueda trasera de su vehículo al menor, quien a raíz del impacto falleció en el hospital. Apelaron dicha sentencia la actora, los demandados y la aseguradora.

La Alzada, haciendo lugar a la apelación de los demandados, revoca la sentencia de primera instancia rechazando en todas sus partes la demanda articulada. Para ello encuadra el evento dañoso en la responsabilidad objetiva consagrada en el Art.

Es contra esta resolución que los accionantes interponen el presente recurso extraordinario de Inconstitucionalidad. Surge como agravio relevante de la queja, la imputación de arbitrariedad del decisorio, con apoyo en la afirmación referida a que el sentenciante en las motivaciones, habría aludido o incorporado hechos, como es el que el menor tenía por costumbre circular por el lugar donde estacionaban vehículos y que no fueron objeto de prueba.

Y "que la eximente no figure en el referido Art. Couture en "Fundamentos de Derecho Procesal", aludido en la sentencia como justificación del extremo v. Simplemente se relata un hecho evidente -como es el de la víctima, de transitar sin control por la zona donde estacionaban los rodados- como contribución a la formación del criterio lógico en su razonamiento, en tanto de no haberse encontrado en esa circunstancia, el accidente no se hubiera producido.

Al respecto el Magistrado preopinante infiere o presume, que ese hecho de la víctima " Es en ese temperamento, que el sentenciante considera que las constancias probatorias de la causa, merituando en tal sentido que la absolución de posiciones del demandado de fs.

De estas mismas constancias que se encuentran incorporadas a la causa y que no logran ser desvirtuadas por los accionantes, es que el sentenciante extrae que, si bien el demandado conocía la costumbre del menor de acercarse a los caños de escape, "el conductor cumplió con la obligación que le imponía ese conocimiento al hacer verificar por su acompañante declaración de fs.

Este hecho tampoco ha sido rebatido por la quejosa. Esta forma del impacto incluso, fue admitida por los actores como expresamente lo consigna la sentenciante, tomando en cuenta la forma en que fue impactado y que se describe en la necropsia del expediente penal fs. Esta conclusión, resulta de la posición adoptada por cada parte, frente a los hechos que a cada una correspondía probar en la causa, para que el Juez pueda disponer del presupuesto que define el conflicto y que se encuentra contemplado en la normativa que aplica.

No se trata de negar o desvirtuar la evidencia, sino de la demostración de lo que cada parte tiene interés en que se pruebe, para no resultar perjudicada por la decisión.

Procurador General en su dictamen, el fallo no se apartó de la pretensión ni de los hechos en que la misma se funda; tampoco se ha valorado de manera absurda o ilógica la prueba rendida en la causa, por lo que no puede tacharse de arbitraria la resolución recurrida. Por las razones expuestas y para el caso que mi opinión resulte compartida por mis distinguidos colegas de Sala, entiendo que no corresponde hacer lugar al recurso intentado.

Voto así por la negativa por esta primera cuestión. Imponer las costas a la parte recurrente vencida Arts. Aída Kemelmajer de Carlucci. Prioridad del vehículo que aparece por la derecha. La excepción a la prioridad derecha no admite ser aplicada como enervante de la regla general.

La regla de prioridad de quien circula por la derecha, no puede significar un bill de indemnidad que le permita arrasar con lo que encuentre a su paso. Por sobre ello es exigible la regla general de prudencia que impone de determinadas conductas vivenciadas por ciertas limitaciones como en la velocidad o de una diligencia concreta en la conducción, especialmente referidas a las circunstancias de tiempo y lugar.

Mendoza 28 de diciembre de Los antecedentes de la causa nos informan que la Sra. Relata que el día 5 de setiembre de , aproximadamente a las 22 hs. Los demandados al contestar demanda, imputan culpa a la actora en razón de no haber respetado la prioridad de paso que ostentaba la camioneta conducida por el Sr.

Eduardo Luis Gramage, reconviniendo a su vez el Sr. Concluyó que el hecho era objetiva y subjetivamente imputable al conductor demandado.

Contra esta sentencia, los demandados interponen los mencionados recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación. Como fundamento del primero, invocan la arbitrariedad de la sentencia, por apartarse del derecho y de los hechos alegados y probados en la causa. En ese aspecto sostiene la inconstitucionalidad del decisorio por resultar violatorio de su derecho de defensa. Entiende que la litis se trabó teniendo en cuenta que la actora circulaba por calle Saavedra y que la demandada lo hacía por su derecha, es decir por calle Pedernera.

Que tal circunstancia, si bien fue reconocida por la sentenciante, se apartó de ella para basarse en una apreciación subjetiva del perito, como es la mayor circulación de calle Saavedra. Agrega que de la misma pericia surge que ambas arterias son iguales, que ambas poseen el mismo ancho, son pavimentadas y no existe reglamentación alguna que establezca la mayor jerarquía de calle Saavedra.

Respecto del recurso de Casación, lo funda en el Art. El primero en cuanto establece la prioridad de paso absoluta de quien circula por la derecha y el segundo que prohíbe el uso de vidrios polarizados y el tercero que prohíbe viajar con menores de 12 años en el asiento delantero.

Al contestar las quejas de tal modo deducidas, la actora reitera sus argumentos respecto a la condición de embestidor del conductor de la camioneta, sosteniendo que la prioridad en estos casos es de quien ingresa primero en la encrucijada, remarcando la excesiva velocidad con la que circulaba el demandado.

Las expuestas, son sintéticamente reseñadas, las razones por las que el recurrente intenta y la recurrida resiste la nulidad o revocatoria del decisorio dictado en grado de apelación en el que, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, condena a los demandados a la reparación de los perjuicios producidos en el siniestro que ilustran estas actuaciones.

Es claro a mi entender que para arribar a dicha conclusión el fallo cuestionado, ha debido priorizar la excepción a la regla. La misma norma en forma expresa dispone que " Esta prioridad es absoluta Los que circulan por una vía de mayor jerarquía Consecuente con este criterio, superado en la actualidad por norma expresa, se había construido y elevado a categoría de principio "iuris tantum", la presunción de culpabilidad del conductor que con su vehículo embiste a otro.

Estas consideraciones se encuentran encaminadas a dejar ver que en el ocurrente, el pronunciamiento criticado ha valorado estas circunstancias, priorizando la excepción por sobre la regla. Si bien es verdad que no sólo por la existencia de la excepción del apartado 4 del inc. En lo particular de nuestro caso, se advierte que no existen elementos suficientes que permitan atribuir indubitablemente mayor jerarquía a calle Saavedra por sobre Pedernera. Es claro a mi entender que las reglas de circulación vial para cumplir el fin para el que se encuentran dispuestas, deben estar claramente establecidas sea en la reglamentación, sea en la señalización o mediante una eficiente concientización por la educación, para que los conductores sepan exactamente cual es su status, en un lugar y momento determinado.

Todas estas razones me convencen que en el ocurrente, no existían elementos que permitieran neutralizar o apartarse de la aplicación de la normativa contenida en el Art. Ahora bien, establecido en el caso que se mantenía la prioridad de paso del conductor demandado, corresponde determinar si esta causal lo libera totalmente de responsabilidad en el hecho.

Como antes se previniera, la rigidez de este principio ha sido atemperado jurisprudencialmente, atendiéndose a las circunstancias del caso, habiendo sostenido que la regla de prioridad de quien circula por la derecha, no puede significar un bill de indemnidad que le permita arrasar con lo que encuentre a su paso.

En el caso, es de evidencia que el demandado Gramage, no circulaba a una velocidad reglamentaria o acorde a las circunstancias de lugar. Ello surge de la pericia rendida fs. Todo ello fue confirmado por el perito fs. Como queda admitido, el Art. En tal sentido entiendo que el demandado contribuyó también con su accionar en la causación del accidente y debe responder de sus consecuencias. En cuanto al accionar de la actora, estimo que también contribuyó a la producción del accidente al no respetar la prioridad de paso de la camioneta que circulaba a su derecha.

En tal sentido entiendo que la afirmación que hace la actora al absolver posiciones a fs. En efecto, es claro que si la actora contaba con un adelantamiento y no obstante la colisión igualmente se produjo es porque existió simultaneidad o el adelantamiento no era notorio o considerable para determinar alguna prioridad.

Es claro que si ambos vehículos llegaron casi juntos al cruce y la colisión se produjo es porque la actora no frenó como lo afirma, cediendo el paso a la camioneta que venía por calle Pedernera. En tales condiciones, se impone el rechazo del agravio expresado. Así voto por la primera cuestión. Atento al modo en que se resuelve la cuestión anterior, corresponde determinar en este momento, el grado de responsabilidad que debe atribuirse a cada uno de los protagonistas. En tal sentido considero apropiado conforme a las circunstancias de tiempo y lugar, atribuir culpa concurrente a ambos conductores, determinando que ambos conductores contribuyeron en un grado equivalente a la causación de los daños, en virtud de no advertir razón alguna que justifique una posible discriminación.

Respecto a los montos indemnizatorios reclamados por la actora, atento que los mismos fueron objeto de pronunciamiento expreso en las instancias anteriores y no han sido cuestionados en esta vía, han quedado firmes y consentidos por las partes.

Atento a la solución propuesta en el tratamiento de la primera cuestión, corresponde en este estado emitir pronunciamiento sobre los rubros reclamados por el co-demandado Evaristo Gramage en el planteo reconvencional.

De otro lado, el demandado no ha acreditado que los mismos no hayan sido consecuencia del accidente, ni se correspondan con el impacto sufrido. En este aspecto, entiendo que no asiste razón alguna para apartarse de lo cuantificado en el informe pericial como correspondiente a los daños sufridos por la camioneta y que en el punto no ha sido impugnado.

En virtud de lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos y por ende, resolviendo en definitiva, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada reconviniente, imponiendo las costas por lo que prospera y por lo que no prospera el recurso a la parte actora y a la demandada reconviniente respectivamente y rechazar la adhesión efectuada por la actora, con costas a su cargo.

Así voto por la segunda cuestión. Atento lo resuelto en las cuestiones que anteceden corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrida en la proporción en que prosperan los recursos extraordinarios interpuestos y a la parte recurrente en la proporción en que los mismos son rechazados. Así voto por la tercera cuestión. Hacer lugar parcialmente a los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación deducidos a fs.

En consecuencia la parte resolutiva de la sentencia queda redactada de la siguiente manera: Las costas por el recurso de adhesión de la actora se imponen a su cargo. Imponer las costas a cargo de la actora recurrida por lo que prosperan los recursos y a cargo de los demandados recurrentes por lo que se rechazan.

Fernando Romano, Carlos E. Mendoza, 3 de diciembre de Que ambos vehículos circulaban por calle Godoy Cruz con dirección al Este y el accidente se produce cuando el conductor del auto intenta girar al Norte por calle Colón. Como consecuencia del impacto la camioneta salió despedida hacia la vereda donde se encontraba el accionante y, al ser atropellado, le produce las lesiones cuyo resarcimiento reclama.

Demandó a los conductores, así como a los propietarios de ambos rodados. Apelaron la sentencia la demandada, la actora y la citada en garantía. Al modificar el decisorio original, la sentenciante considera en sustancia, que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor del automotor Dodge, porque no respetó el disco PARE y embistió a la camioneta modificando su recorrido.

Sostuvo que la velocidad de circulación de la camioneta no había tenido incidencia concausal. Que la velocidad de la camioneta, la maniobra elusiva y el consiguiente desvío de la circulación inicial, eran circunstancias concurrentes derivadas de la culpa del otro conductor y que no habían tenido aptitud para producir el daño inicial.

Contra este pronunciamiento, el accionante interpone recurso extraordinario de Inconstitucionalidad de conformidad con el Art.

Agrega que la eximente invocada por el demandado respecto a la culpa de un tercero, no ha logrado desplazar totalmente la responsabilidad atribuida al dueño del otro vehículo, ya que para llegar a tal resultado, debió haberse probado que la cosa de su propiedad actuó como objeto inerte desplazado por la actividad del tercero.

Ello así en razón que la solución a la que arriba el Tribunal de Alzada, no se acomoda a un razonamiento lógico de conformidad a las constancias probatorias de la causa. Surge también que el conductor del auto no respetó la señal de disco "Pare" existente en el lateral Este de calle José de Artigas equivocadamente considerada como Lucio Mansilla por el croquis policial de fs. Si bien estos elementos fueron correctamente valorados por la Alzada, no sucede lo mismo con el mérito de las pruebas que el recurrente dice omitidas y de haber sido consideradas en concordancia con aquéllas, hubiesen motivado una solución distinta a la arribada.

En este aspecto, surge de la pericial rendida en la causa, que la colisión en sí de ambos rodados fue de escasa importancia y sin mayor gravitación en la producción de los daños. Que por el contrario, es la excesiva velocidad impresa a la camioneta F , sumado a que " Es en base a tales elementos de convicción que juzgamos el accionar del co-demandado Pérez Flores, el que se nos presenta con una incidencia directa en la producción del daño causado y resultante del hecho de haber conducido sin el pleno dominio de su rodado, así como el hacerlo a una velocidad no reglamentaria en una arteria de gran afluencia vehicular como lo es la calle Godoy Cruz del departamento de Guaymallén.

En este aspecto, como bien lo sostuvo el Sr. Juez de primera instancia la maniobra efectuada se pudo evitar si el codemandado hubiese circulado a una velocidad precaucional atendiendo a la existencia de dos desembocaduras de calles Artigas y Colón , en plena zona urbana y por una arteria sumamente transitada en ese horario.

De otro lado, este codemandado como productor directo de los daños ocasionados a terceros, no logra acreditar la eximente prevista en el Art. Civil, es decir, la culpa exclusiva de un tercero sindicado en la norma. Conforme a esa normativa, " Como se dijo, para que opere la eximente es necesario que el demandado acredite que el hecho reconoció su causa exclusivamente en la culpa del tercero, por quien no debe responder, de tal manera que la conducción del primero, haya carecido de toda incidencia causal conforme Héctor N.

En el sublite como queda dicho, el demandado Pérez Flores no ha logrado acreditar que la responsabilidad total del accidente sea del otro co-demandado, surgiendo de las constancias probatorias existentes en la causa que contribuyó con su accionar en la producción del hecho, al conducir a una velocidad antirreglamentaria, no frenar y realizar una maniobra elusiva que lo llevó a circular en contramano, atropellar al actor y finalmente impactar contra un auto estacionado.

Es evidente entonces, que todas estas consecuencias no pudieron resultar solamente del impacto de los dos vehículos el que fue de escasa importancia o no violento como lo expresa el Perito actuante y lo confirma el acta policial en la que se dejan constancia de los daños de ambos rodados. De todo ello extraigo que resulta correcta la apreciación del juez de primera instancia, en cuanto concluye que ambos conductores resultan responsables en la misma proporción del daño causado al actor.

Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs.

En consecuencia se mantiene la resolución dictada por el Sr. Juez a-quo a fs. Asimismo corresponde modificar los honorarios exclusivamente en lo atinente a los profesionales del codemandado Pérez Flores y la citada en garantía en función de lo resuelto en esta sentencia. Las costas del recurso de Inconstitucionalidad se imponen a cargo de los recurridos vencidos Art.

I Hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. Hacer lugar parcialmente a los recursos de fs. Imponer las costas del recurso de Inconstitucionalidad a cargo de la parte recurrida vencida. Moyano y Aída Kemelmajer de Carlucci. Indemnización pérdida de chance.

Indemnización Acumulación de acciones "iure propio" y "iure hereditatis". Mendoza, 19 de mayo de Los antecedentes de la causa nos informan que la Srta. Relata que al momento del accidente, viajaba en el automotor de su propiedad, conducido en la emergencia por su novio, quien circulaba por calle Paso de los Andes con dirección de Sur a Norte, y al llegar a la intersección con Juan B.

Que a consecuencia del accidente sufrió lesiones de consideración que motivaron su internación por un lapso de 40 días. En este aspecto, la pretensión queda definida a los rubros remanentes y que se individualizan como: Contra esta resolución apelaron el demandado, la aseguradora y los profesionales de la actora por sus honorarios. Respecto del primero, el recurso se declara desierto por resolución de fs. Elena Silvia Chaine Vda. Que también se encuentra fuera de controversia, las lesiones provocadas por el accidente a la Srta.

Que respecto al rubro privación de uso del automotor, cuya procedencia fue discutida por la recurrente, la queja no resulta acogible desde que no se rebaten los argumentos vertidos por la sentenciante para acordarlo, tales como la imposibilidad del uso del automotor conforme a su destino, el tiempo de reparación, el tiempo que transcurrió entre que la víctima fue dada de alta, hasta su fallecimiento y la necesidad de ésta de contar con un medio de movilidad.

Que tampoco puede considerarse comprendido este rubro dentro del lucro cesante, por tener naturaleza totalmente distinta, como fue debidamente fundamentado por la sentenciante y no mereciera crítica de la recurrente.

En cuanto a la queja referida a la imposibilidad de acumulación entre el daño moral solicitado iure propio por la víctima y el solicitado iure hereditatis por la madre de aquélla al producirse la muerte de su hija, también resulta improcedente. En este aspecto entiende el pronunciante que se trata de dos reclamos distintos, uno referido a los padecimientos sufridos por la víctima y que la misma había reclamado, por lo que a su muerte la acción entablada se transmitió a su madre como heredera Art.

C y, la otra pretensión ejercida iure propio por la progenitora, derivado del daño causado por la muerte de su hija. En punto a la imposición en costas, el decisorio entiende que respecto de los rubros de privación de uso y lucro cesante, que resultaban perfectamente determinables al momento de hacerse el reclamo resarcitorio, la actora debía soportar las mismas, en la proporción que su reclamo fue desestimado. Distinta es la solución respecto al daño moral, sobre el que no puede predicarse de su irrazonabilidad, desde que su monto dependía del prudente arbitrio judicial.

En tales límites, concluye el pronunciante, resulta pertinente la modificación de la sentencia. Contra esta resolución la aseguradora interpuso recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

Como fundamento del primero sostiene que al concederse la indemnización por privación de uso del vehículo, se hizo sin prueba alguna de que la víctima, con posterioridad al accidente, pudiera o se encontraba en posibilidad cierta y concreta de utilizarlo para sus actividades laborales; circunstancia ésta demostrativa del incumplimiento a lo dispuesto en el art.

Se agravia también la recurrente por cuanto considera que al haberse otorgado indemnización por la pérdida de chance, no se hace referencia a prueba alguna que permita presumir su existencia. En cuanto al recurso de Casación, lo encuadra en el supuesto del art. Al respecto entiende que el ejercicio de la acción por la víctima, que luego se transmitiera por causa de muerte a su heredera, excluye el ejercicio de la acción por derecho propio de ésta de la progenitora.

Consideración de la cuestión a resolver: En lo que hace al recurso de Inconstitucionalidad, la doctrina de la arbitrariedad articulada por este medio, ha sido receptada desde antiguo por este Cuerpo respetando ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario.

La arbitrariedad entonces, como vicio propio del recurso de Inconstitucionalidad, supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación L. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria, extraña a nuestro sistema procesal Art.

Analizando entonces la situación planteada por el recurrente bajo estas premisas, no advierto la existencia de vicios de la entidad o gravedad exigida para justificar la anulación del decisorio impugnado. No se advierte en el caso, un apartamiento de lo alegado y probado por las partes, ni razonamientos sin sustento o apartados de la lógica o carentes de toda fundamentación como lo pretende el recurrente y exige la excepcionalidad del remedio intentado.

En efecto, como agravio relevante de la queja, se alega que la sentenciante habría fijado los montos referidos a la privación de uso del automotor y a la pérdida de la chance sin prueba alguna que lo fundamente.

Tal afirmación no se condice con las constancias de la causa. Consideró a ese efecto que los sólidos fundamentos dados por el Juez de primera instancia, no habían sido impugnados y menos desvirtuados aquellos argumentos como que el concepto es un perjuicio que sufre el usuario derivado de la imposibilidad de su utilización conforme a su destino y al servicio que presta. Estos hechos, que han sido incorporados como constancias objetivas de la causa y que la sentenciante correctamente entendió que no habían sido rebatidos, tampoco lo son en esta sede, mediante la vía recursiva elegida.

Frente a estos sólidos fundamentos, la recurrente sólo invoca que no discutió la naturaleza del daño, ni las lesiones, ni la inmovilización del automotor y que su agravio quedó circunscripto a la imposibilidad de la víctima de gasto alguno por transporte para la realización de sus actividades laborales y de acreditación de estos traslados, mediante prueba en el expediente.

Tal argumento no resulta suficiente para justificar la nulidad del fallo en cuestión. Adviértase al respecto que todos esos elementos, que surgían de las constancias probatorias de la causa, precisamente fueron los que motivaron al Tribunal a conceder la indemnización por el rubro, sin discusión por el recurrente.

De tal circunstancia se deriva la necesidad de traslado, con la consiguiente imposibilidad de servirse de su automotor, dado que quedó también acreditado que el tiempo de reparación fue aproximadamente de 60 días.

No se trata entonces de ausencia de pruebas, como es el contenido de este agravio cuando se alega la imposibilidad de gasto alguno por transporte o de la acreditación de los traslados, sino del desacuerdo del recurrente con el tratamiento que de las mismas realiza el pronunciante para justificar el concepto pretendido. En tal temperamento estimo que las conclusiones del fallo, no derivan de un pronunciamiento desprovisto de suficiente motivación, ni mucho menos arbitrario por ausencia de demostración de los extremos necesarios para justificar su procedencia.

En tales condiciones, este primer agravio en tratamiento, a mi juicio, no puede prosperar. Respecto al restante y referido al rubro "pérdida de chance", el mismo no puede correr mejor suerte que el anterior. De la simple lectura del agravio surge que éste, es reiterativo del vertido en el recurso de apelación y que la sentenciante desestimara también, con atinados fundamentos. Ello bastaría para su rechazo formal, desde que conforme con los principios expuestos al comienzo, la presente vía exceptiva, no constituye una tercera instancia ordinaria de revisión.

No obstante y en lo sustancial, el pronunciamiento se autoabastece suficientemente en sus fundamentos, habida cuenta de la naturaleza específica del daño que se pretende resarcir.

Qué otra prueba necesita el pronunciante para confirmar el pronunciamiento apelado, que el hecho no controvertido de la muerte de la hija de la accionante con un futuro promisorio?. Del mérito que del rubro cuestionado hace la decisión impugnada, nos es permitido extraer que, la misma, luego de calificar los argumentos vertidos en la apelación, como que denotaban una "descarnada inhumanidad en las razones que aducen",consideró que los mismos, no desvirtuaban en modo alguno las razones que tuvo en cuenta la sentenciante de la instancia originaria, para admitir el rubro.

Todos estos elementos que sirvieron de base a la decisión arribada no fueron desvirtuados por la recurrente, la que sólo se limita a sostener que el Juzgador nada dice de qué prueba de la causa deriva que la actora haya perdido chance de verse beneficiada con probabilidad de certeza.

Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia "la incertidumbre es la característica definitoria de la chance, pues si así no fuera, si el bien o mal futuro resultare cierto, no habría probabilidad perdida sino directamente daño concreto a un bien Quiere decir entonces que en el caso, el sentenciante consideró en función de las particularidades del caso y las circunstancias no controvertidas madre viuda que convive con su hija joven, la que trabajaba y percibía ingresos superiores a los propios que la madre tenía una cierta probabilidad, de ser ayudada económicamente por su hija.

II- Al igual que con el tratamiento de la queja constitucional, estimo que no asiste razón al recurrente respecto al recurso de Casación articulado. Por esta vía el recurrente plantea la desinterpretación del art. Civil al haberse acumulado las indemnizaciones reclamadas por daño moral, originariamente en vida por la víctima, con la efectuada por la progenitora por derecho propio. Sostiene al respecto la recurente, que el ejercicio de la acción por la víctima, desplaza a la de la heredera forzosa ejercida iure propio.

Este argumento es estéril a los fines de la solución adoptada. Como bien lo sostuvieron la Sra. Juez de primera instancia y en forma coincidente por el Tribunal de alzada, en el ocurrente aconteció la concurrencia de dos acciones distintas: Es decir, que la norma distingue si del hecho resultó o no la muerte de la víctima a los fines del ejercicio de la acción.

En caso de muerte de la víctima se encuentran legitimados para el ejercicio de la acción, sus herederos forzosos. Cabe distinguir este supuesto de aquél cuando la víctima ejerce la acción y luego fallece, en tal caso opera la transmisión mortis causa de la misma conforme al art. Quiere decir entonces, que mientras el artículo del C.

C prevé el ejercicio iure propio de la acción, es decir que lo reclamado es el perjuicio que personalmente le causó la muerte de la víctima y la acción que ejerce no deriva del patrimonio del causante sino que nació en su cabeza, el art.

No rige, en consecuencia, la limitación establecida sólo a los herederos forzosos establecida en el art. Kemelmajer de Carlucci ob. Así lo sostiene, a mi juicio acertadamente, la Dra. Ello se advierte porque la acción entablada por el difunto y continuada por los herederos Art. Así el primer reclamo efectuado por la hija en vida, en su calidad de damnificada directa del ilícito y que con su muerte, se transmitió a su madre, en virtud del derecho sucesorio, de conformidad a lo dispuesto por el art.

Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación deducidos a fs. Imponer las costas a la parte recurrente vencida. La culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el Art. Civil, debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o de la fuerza mayor. El hecho de la víctima, culpable o no culpable, puede ser causa adecuada, exclusiva o concurrente del daño, a los fines de destruir la conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño.

En consecuencia, las eximentes de responsabilidad deben encuadrarse en el contexto de la causalidad adecuada. Mendoza, 28 de febrero de Dicha demanda se interpone contra el conductor del ómnibus protagonista en el evento y la empresa propietaria del vehículo de transporte.

Relata que el día 1 de Marzo de , aproximadamente a las 21 horas, el Sr. José Eduardo Avila cruzaba el carril Cervantes en dirección Oeste por la senda peatonal prolongación vereda cuando es atropellado por el colectivo conducido por el demandado y de propiedad de la empresa "El Trapiche S.

Contra dicha sentencia la actora interpone en esta sede, recurso extraordinario de Inconstitucionalidad de conformidad con lo autorizado por el Art. Que el conductor del ómnibus advirtió la presencia del peatón dispuesto a cruzar la calle, conforme lo sostuvo en su absolución de posiciones de fs.

De manera que, si la decisión es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, en tanto que la misma no importa admitir una tercera instancia de revisión contra pronunciamientos erróneos, desde que ello constituye una hipótesis extraña a nuestro sistema procesal.

Como cuestión liminar, debe advertirse que al resolverse la apelación, la Alzada entendió que debía atribuirse la causación del evento dañoso a la víctima en su totalidad. José Eduardo Avila, el día 1 de marzo de aproximadamente a las El demandado a su vez, circulaba por Carril Cervantes en dirección al Sur, al comando de un ómnibus de pasajeros. Que la colisión se habría producido sobre la banda del cardinal Oeste del carril Cervantes y al Sur de la intersección con calle Sarmiento.

El impacto se produjo con la parte delantera derecha del ómnibus. Que la víctima quedó tendida sobre el cuadrante suroeste, siendo trasladada al Hospital Central donde se constató su deceso. Los accionantes sostuvieron en su demanda, que el Sr. Avila cruzaba el carril Cervantes en dirección al Oeste por la correspondiente senda peatonal y, al terminar el cruce, fue embestido por el ómnibus conducido por el demandado, quien no circulaba a velocidad precaucional y sin tomar las precauciones mínimas necesarias para emprender el cruce de la rotonda.

Basado en tales circunstancias, invoca la culpa exclusiva de la víctima. Por lo mismo, en el ocurrente me limitaré a recordar sólo aquellos que tengan relación con el ocurrente y transcribiendo los aspectos decisivos del mismo, como se hiciera en otros precedentes vgrs.

Al respecto ha dicho la Corte Federal, que la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el Art. Conforme se viene sosteniendo por este Tribunal -extraído del voto preopinante de la Dra. Kemelmajer de Carlucci- la culpa de la víctima del Art. Civil aparece, no como un presupuesto de liberación de responsabilidad, sino de liberación del sindicado como responsable.

En el supuesto del Art. Civil, tanto la culpa de la víctima como la de un tercero por quien no se debe responder, apuntan a destruir la necesaria conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño.

Que cuando ellas se configuran, resulta evidente que no se puede mantener la presunción de responsabilidad, por cuanto el daño no ha sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sino por la propia conducta culpable o no de la víctima o por un tercero extraño o por un caso fortuito. Que la falta de relación causal destruye el presupuesto de la autoría y provoca la ausencia total o parcial, de responsabilidad. Si este es el sentido de esas eximentes, parece innecesario destacar que el centro de la cuestión anida en la relación de causalidad.

Y que desde este punto de vista, especialmente dentro de un contexto de causalidad adecuada, tanto el hecho culpable de la víctima como el no culpable, deben asumir idénticas consecuencias. La saludable intención de proteger a la víctima no puede llevar a atribuir las consecuencias dañosas a quien no es autor del menoscabo" Ramón Pizarro "Causalidad Adecuada y Factores Extraños" en -Derecho de Daños- Primera Parte.

Es decir que el hecho de la víctima, culpable o no culpable, puede ser causa adecuada, exclusiva o concurrente del daño, a los fines de destruir la conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño.

Esta circunstancia, no ha sido desvirtuada por la recurrente y surge claramente de la testimonial rendida a fs. En punto al agravio referido a que no se ha valorado la prueba que acreditaba que el peatón cruzó la calzada por la senda peatonal, entiendo que tampoco puede prosperar.

Al respecto y como tantas veces se ha dicho, la circunstancia de que el Tribunal haya mencionado o incluso dado preferencia a determinado elemento probatorio sobre otro, no configura arbitrariedad, incluso cuando su apreciación pueda predicarse de errónea. Basta para ello que el mérito de tal circunstancia se hubiera efectuado con razonabilidad. Se pone aquí de resalto que las limitaciones y restricciones con que se juzga este recurso de inconstitucionalidad obedecen, como ya antes se expresara, a que éste no constituye una tercera instancia de revisión para con todas las decisiones consideradas erróneas.

Si el fallo aparece suficientemente fundado -como ocurre en el caso- cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de inconstitucionalidad Conf. Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad deducido a fs.

Imponer las costas a cargo de las recurrentes vencidas Arts. Mendoza, 22 de Junio de Sus padres interpusieron demanda por daños y perjuicios contra Jorge E. Icazati conductor del vehículo causante del daño , contra el titular registral del automóvil conducido por éste Enrique Miodowsky y citaron de garantía a la aseguradora de Icazati, Compañía Argentina de Seguros Visión S.

La aseguradora del conductor aceptó la citación y sólo discutió los montos reclamados. Sostuvo la falsedad del certificado expedido por el Registro de la Propiedad del Automotor de San Juan, pues la firma inserta en el formulario 01 que peticiona la inscripción no le pertenece. Ofreció como prueba el expediente penal originario del 2 Juzgado de Instrucción de San Juan. Corrido traslado de la contestación, los actores insistieron en la condena del titular registral fs.

En lo que a este recurso interesa, se rindió la siguiente prueba: Miodowsky otorgó poder especial a Jorge E. La perito concluye que las firmas estampadas en el formulario 01 cuestionadas y atribuidas al Sr. Interesan las siguientes constancias: Que el formulario 01 estaba a nombre de Miodowsky. Sostiene que indefectiblemente, el titular registral siempre firma el formulario 01 previo exhibir el documento nacional de identidad en presencia suya.

El perito concluye que la firma estampada en el formulario 01 es un intento de imitación de la original del Sr. Las firmas estampadas en el reverso, no contienen elementos para aunarlas a la génesis escritural del Sr. Juez de Instrucción de la Provincia de San Juan se declara incompetente para intervenir en la causa. Insiste en los aspectos declarados por ante la autoridad policial y agrega que Miodowsky contaba con copia de toda la documentación.

Declara que la firma fue puesta por el Sr. Miodowsky en su presencia; que él exhibió un DNI y que responde a los siguientes datos físicos: Al momento de alegar, el demandado E. Miodowsky citó el art.

Respecto del titular registral, fundó la condena en los siguientes argumentos: Apeló el demandado e invocó la nulidad de la sentencia de primera instancia por haber sido dictada en contra de las previsiones del art.

Al expresar agravios fs. Esta es la decisión que la actora recurre a través de los recursos de inconstitucionalidad y casación. El recurrente sostiene que la decisión recurrida, por ser arbitraria, viola su derecho de defensa en juicio y contraría el art. En sustancia, afirma que la sentencia civil condenatoria no pudo ser dictada mientras no se resolviese en sede penal la cuestión relativa a la falsedad del instrumento que fundó la inscripción registral.

Aclara que, tal como surge de las constancias de autos, los actores han percibido de la citada en garantía la totalidad de la indemnización; también han sido satisfechos los honorarios de los abogados que los asistieron, y que su interés jurídico en el recurso se limita a ser excluido de la condena, de modo tal de habilitar las acciones que por daños y perjuicios pueda iniciar en contra de los autores responsables de la falsificación.

La misma certeza que llevó a la justicia penal de San Juan a procesar a los imputados, debió llevar a los jueces civiles de nuestra provincia a rechazar la demanda contra Miodowsky, desde que hay elementos suficientes para acreditar que la firma no le pertenece.

Algunos principios liminares que dominan el recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Mendoza. En esta línea de pensamiento, ha dicho que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación" L.

La aplicación de los principios reseñados al sublite. Miodowsky rendida en sede penal no es decisiva para resolver la cuestión discutida en aquella sede, donde el tema realmente debatido es quién es el autor de la firma , circunstancia que probablemente nunca llegue a establecerse.

Conclusiones del recurso de inconstitucionalidad. Por todo lo expuesto, y en los límites de los agravios deducidos, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado.

Los motivos de la casación deducida. Pero este razonamiento es erróneo, porque el hecho generador de la responsabilidad de Miodowsky no surge de su hecho personal, haber causado la muerte Art. Anuncios eróticos en Teruel capital, contactos para tener sexo con prostitutas, clasificados de relax de lumis y acompañantes profesionales.

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